El Pleno aprueba la moción en defensa de un Censo Electoral “limpio, fiable y transparente”
El consistorio respalda la iniciativa y defiende que “democracia y manipulación son conceptos absolutamente incompatibles”
El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes la moción relativa al rechazo de los intentos de manipulación del Censo Electoral, una iniciativa que ha contado con el voto favorable del Grupo Municipal Popular, cuya portavoz, Sacra Sánchez, ha defendido la necesidad de garantizar la limpieza del censo, la transparencia de los procedimientos y la máxima seguridad jurídica. La moción, propuesta por Vox, ha contado con el voto en contra de Psoe y Podemos-IU-Los Verdes con Almería.
Durante su intervención, la portavoz municipal ha explicado que el apoyo del Partido Popular responde a “una posición muy clara: defender la limpieza del censo electoral, exigir transparencia y garantizar la seguridad jurídica, sin necesidad de convertir una cuestión tan seria como ésta en un instrumento de confrontación política”.
Ha recordado que el Censo Electoral constituye “una pieza esencial de nuestro sistema democrático”, puesto que determina quién tiene derecho a participar con su voto en la elección de sus representantes, y ha subrayado que una cuestión de esta importancia “no puede quedar sometida a intereses partidistas, arbitrariedades o dudas que las instituciones tienen la obligación de aclarar”.
En este sentido, ha resumido la posición del Grupo Popular en una afirmación: “Democracia y manipulación son conceptos absolutamente incompatibles”. Al mismo tiempo, ha precisado que el respaldo a la moción no supone asumir “cada palabra, cada afirmación o cada acusación” recogida en su exposición, sino compartir unos principios fundamentales: “que se cumpla la ley; que los procedimientos sean transparentes; que la documentación sea comprobada con el máximo rigor; y que el censo electoral refleje fielmente quién tiene derecho a votar”.
Rigor y respeto
La portavoz ha incidido igualmente en que reconocer los derechos de los descendientes de españoles que han accedido a la nacionalidad es “perfectamente compatible” con exigir las máximas garantías cuando esa adquisición lleva aparejado el ejercicio de un derecho fundamental como el sufragio.
Respecto de las dudas planteadas sobre determinados procedimientos y sobre la adscripción territorial de electores residentes en el extranjero, ha señalado que corresponde a los tribunales y órganos competentes determinar la existencia o no de irregularidades. “Nosotros no somos jueces. Ni pretendemos serlo”, ha recalcado, situando la responsabilidad de los representantes públicos en exigir controles suficientes, información y transparencia.
En este punto, ha rechazado que esta posición pueda interpretarse como un cuestionamiento de los españoles residentes fuera del país. “No cuestionamos su condición de españoles ni, por supuesto, su derecho a votar cuando cumplen los requisitos establecidos legalmente. Todo lo contrario”, ha afirmado. Precisamente por respeto a ellos y a su derecho de sufragio, ha defendido la necesidad de despejar cualquier sospecha mediante una Administración transparente.
Sacra Sánchez ha defendido así que se solicite a la Oficina del Censo Electoral la información que legalmente corresponda sobre las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, que se conozca la evolución de altas y bajas y que puedan revisarse aquellas inscripciones sobre las que existan dudas fundadas, siempre dentro del marco legal y competencial correspondiente.